Indispensable incrementar participación ciudadana

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SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN Proponen estrategias para abatir la corrupción

La prolongada situación por la emergencia del Covid-19, así como los pronósticos sobre su posible extensión los próximos meses, hacen indispensable que los gobiernos locales consideren reforzar los mecanismos de participación ciudadana para darle seguimiento a la entrega de apoyos extraordinarios, consideró la presidencia ciudadana del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY).

A raíz de los datos surgidos en los informes de resultados de la Cuenta Pública 2018, que realiza la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), el Comité observó la necesidad de que haya un mayor involucramiento de la ciudadanía en el seguimiento al destino de los recursos extraordinarios entregados tanto por el gobierno estatal como por los ayuntamientos.

La información pública de la ASEY indica que, de las tres mil 699 observaciones realizadas a los municipios, no fueron solventadas en tiempo y forma un total de tres mil 281 de éstas.

En el caso de las dependencias fiscalizadas, de las 500 observaciones recibidas, en su momento no fueron solventadas 390.

Cabe destacar que los resultados obtenidos por la ASEY en el manejo de los recursos públicos, se hizo dentro de los plazos ordinarios, sin contingencia alguna.

El CPC integrado por Javier Montes de Oca Zentella, Manuel Castillo Rendón, José Luis Villamil Urzaiz e Ivanna Ongay Xacur, y que preside Mónica Febles Álvarez-Icaza, estimó que una estrategia de corresponsabilidad con los gobiernos locales requiere promover la máxima participación social, con el objeto de limitar la incidencia de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Las principales áreas de riesgo identificadas se encuentran en los rubros de:  adquisiciones, arrendamientos o servicios; la falta de cumplimiento del marco normativo con respecto a los procesos de licitación, adjudicación, contratación y plazos de entrega de los bienes o servicios; la carencia de comprobantes fiscales, contratos y la no realización de los procesos de adjudicación de acuerdo con los montos máximos autorizados.

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